“La sanción que corresponde a una falta grave de la probidad es la destitución”, dijo el Presidente Boric en la cuenta pública, sobre los funcionarios que salieron de Chile pese a estar con licencia. Hasta ahora no ha extendido ese “caiga quien caiga” a las cabezas de los tres organismos sumariados por Contraloría: Compin, Fonasa y Suseso.
Por qué importa. El criterio del “caiga quien caiga” que el Presidente Gabriel Boric fijó para enfrentar el escándalo de los 25.078 funcionaros públicos que salieron de Chile entre 2023 y 2024 pese a estar con licencia médica, ha mostrado estar restringido a los trabajadores y no extenderse a las autoridades cuestionadas por la crisis.
- Este criterio —adelantado por X y en vivo, a fines de mayo— quedó fijado el 1 de junio, donde dijo en el Congreso de Valparaíso que “toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave de la probidad es la destitución”.
- Tras la cuenta pública se conoció que el 28 de mayo había renunciado a su cargo en la Secretaría de Comunicaciones su cuñada Fiona Bonati, lo que el mandatario resaltó como la aplicación, de parte de ella, de un estándar mayor.
- Este criterio, sin embargo, no se ha extendido a las autoridades que favorecieron la crisis.
La crítica de la contralora. La contralora general de la República Dorothy Pérez —cuyo organismo fiscalizador destapó el caso el mes pasado—, asistió el 26 de mayo a la Comisión de Salud del Senado, donde apuntó a las cabezas de los tres organismos contra quienes inició sumarios por el caso.
- Estos eran la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dependiente del Ministerio de Salud; el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), supervigilado en parte por la Superintendencia de Salud, y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), vigilada por el Ministerio del Trabajo.
- “Este tipo de trabajo de cruce de base de datos es algo que ya se podría haber hecho desde los organismos que tienen labores de control dentro del aparato público, y no sólo esperar que venga el elemento de control externo”, dijo la contralora.
- El listado de presuntos fraudes fue encabezado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra e incluyó también a Presidencia, a 14 ministerios, 24 subsecretarías, 16 gobiernos regionales y docenas de municipios y hospitales.
El caso de la Suseso. Las críticas más duras han alcanzado a la superintendenta de Seguridad Social Pamela Gana.
- Parlamentarios han pedido su renuncia por no aplicar un convenio de 2014 con la Policía de Investigaciones (PDI) que habría evitado el escándalo.
- “Tenemos un convenio que nunca se ha podido llevar a cabo”, dijo Gana en mayo a radio ADN, responsabilizando a la PDI.
- Su situación se complicó más luego de que Contraloría publicara un segundo informe que detectó tratos directos para comprar equipos tecnológicos por $311.890.000 cuando debieron licitarse; demoras de hasta 14 meses en tramitar multas; 5.104 muertos con cuentas activas en la Suseso y falta de control a Fonasa.
- “Espero que el ministro del Trabajo y La Moneda evalúen la continuidad de esta superintendenta”, dijo el senador Juan Luis Castro (PS).
Ministerio de Salud. En el caso de Compin, dirigido por Valeria Céspedes, el Ministerio de Salud pasó a la ofensiva este miércoles y mostró cifras de fiscalización. Fonasa es encabezado por Camilo Cid.
- Reveló que entre 2022 y 2024 un total de 1.470 prestadores emitieron 30.870 licencias médicas cuando ellos mismos estaban con reposo por enfermedad.
- El caso se conoció luego de que Contraloría publicara que 250 médicos que presentaron licencias en el sector público entre 2023 y 2024, atendieron partos en clínicas privadas durante su reposo.
Gremio. En mayo, el vicepresidente del Colegio Médico Iván Mendoza renunció a su cargo en el hospital Exequiel González Cortés afirmando que su salida de Chile estando con licencia se trató de una “superposición de fechas”.
Los casos en Fiscalía. Este jueves, el Ministerio Público —que está fuera de las competencias fiscalizadoras de Contraloría— publicó que 10 fiscales y 32 funcionarios de 11 regiones salieron de Chile entre 2022 y 2025, pese a estar con licencia.
- Estos se distribuyeron por Arica, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, el Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Coyhaique y Magallanes.
- Explicaron que no hubo casos en la fiscalía nacional y que remitieron los antecedentes a cada fiscalía. Pese a la solicitud de este medio, declinaron entregar los nombres de los involucrados, obtenidos tras un cruce de información con información policial.
- Los casos de funcionarios detectados a nivel nacional por Contraloría serán indagados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
