
La Contraloría General de la República (CGR) anunció este jueves la apertura de sumarios administrativos contra tres organismos clave del sistema de salud y seguridad social: la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La medida busca esclarecer posibles incumplimientos institucionales en el control del uso de licencias médicas.
La decisión se enmarca en el escándalo generado por el informe publicado esta semana por la propia Contraloría, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica.
Posible negligencia en la fiscalización
A través de sus redes sociales, la CGR explicó que el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 expuso irregularidades de alto impacto, lo que motivó el envío de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). En paralelo, la Contraloría instruyó a más de 780 entidades del Estado a iniciar sus propios sumarios internos respecto del personal involucrado.
“Adicionalmente, esta Entidad Fiscalizadora ha iniciado un sumario administrativo en la Suseso, la Compin y Fonasa, para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia”, indicó el organismo.
Revuelo político y anuncio de comité gubernamental
El caso ha generado una fuerte reacción desde el mundo político, con llamados a fortalecer la fiscalización y revisar la normativa vigente. Desde el Gobierno, se anunció la conformación de un Comité Nacional de Ausentismo, que tendrá como tarea evaluar en profundidad el fenómeno y proponer medidas para evitar nuevos abusos.
La situación sigue generando controversia, en medio de cuestionamientos a la eficacia de los sistemas de control del Estado, especialmente en un tema tan sensible como las licencias médicas, que impacta directamente en la confianza ciudadana y la justicia en el uso de recursos públicos.
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AGENCIA UNO