
La Corte Suprema ratificó este miércoles que fue ilegal la interceptación del teléfono de la psiquiatra Josefina Huneeus, en el marco del caso ProCultura, respaldando así el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La decisión, tomada en fallo dividido (3-2), representa un nuevo revés para el Ministerio Público, que había intentado revertir la resolución inicial.
La intervención telefónica fue realizada mientras la investigación estaba a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien ya fue removido de la causa por decisión del fiscal nacional Ángel Valencia. El persecutor Juan Castro Bekios, designado como nuevo encargado del caso, había presentado el recurso que hoy fue rechazado por el Máximo Tribunal.
Suprema respalda estándares de excepcionalidad
En el fallo de nueve páginas, la Corte Suprema establece que la investigación penal no puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, “salvo que se cuente con autorización del juez de garantía competente”.
“Siendo tales medidas de carácter excepcional, para concederlas el legislador exige un alto estándar de exigencias que deben cumplirse tanto por la fiscalía -para solicitarlas- como de motivación por el juez al dictar la resolución que las dispone”, sostiene el documento.
Respecto del caso concreto, el máximo tribunal determinó que las medidas intrusivas no cumplieron con dichos estándares, adhiriendo a los argumentos planteados por la Corte de Antofagasta.
Uno de los aspectos más comentados del fallo original fue la alusión a prácticas propias de la dictadura, contenida en la resolución del tribunal de alzada. Esta frase fue calificada por la Suprema como “innecesaria”, aunque aclaró que “no obsta la solidez de los argumentos del fallo del tribunal de primer grado, ni menos puede estimarse que revelan un sesgo de parcialidad”.
Según la Corte Suprema, la oración que evocaba “tiempos pretéritos de la República” donde se vulneraban derechos fundamentales por parte del Estado, “no desvirtúa, ni tampoco potencia, las reflexiones jurídicas” contenidas en la sentencia.
Con esta resolución, la fiscalía deberá continuar con la investigación del caso ProCultura sin utilizar como prueba la intervención telefónica declarada ilegal, la que incluyó una conversación de Huneeus con el Presidente Gabriel Boric. El fallo consolida un precedente relevante sobre los límites legales de las herramientas investigativas más intrusivas.
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