Este miércoles, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo con plazos, iniciativa comprometida por el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública. La medida fue anunciada por las ministras Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género) y Ximena Aguilera (Salud), junto a los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Jaime Gajardo (Justicia).
El proyecto establece la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación, manteniendo la objeción de conciencia ya contemplada en la legislación vigente. A la vez, busca asegurar el acceso oportuno e informado a esta prestación en el sistema público de salud.
La ministra Orellana fue clara al remarcar el sentido del proyecto: “Queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones tengan espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo”. Añadió que “no deben seguir siendo tratadas como criminales” las mujeres que abortan fuera de las tres causales.
Desde Salud, Aguilera explicó las razones médicas detrás del proyecto: “Los abortos clandestinos siguen ocurriendo y generan riesgos para la salud de las mujeres. Tenemos más de 20.000 hospitalizaciones al año por estas causas”.
Por su parte, Elizalde llamó a un debate sin caricaturas. “Lo que se requiere es tener a la vista la evidencia científica (…) que la voz de las mujeres sea escuchada”, expresó. Gajardo, en tanto, enfatizó que el proyecto busca terminar con la criminalización de quienes abortan en etapas tempranas.
Avances previos y cifras oficiales
En paralelo, se informó que la Contraloría tomó razón del nuevo reglamento para la ley IVE en tres causales, con miras a facilitar su aplicación. En siete años de vigencia, 6.249 mujeres y niñas han llegado a un centro de salud invocando alguna causal, y un 85% decidió interrumpir el embarazo.
Además, el Gobierno destacó avances en salud reproductiva: nuevos anticonceptivos con precios reducidos, mejoras en cobertura Fonasa para tratamientos de fertilidad y endometriosis, y más de 130 fiscalizaciones a prestadores de salud en el marco de la ley IVE.
La discusión en el Congreso será clave para definir si Chile da un paso hacia una legislación con plazos, como ya han hecho varias democracias en el mundo.
