El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó este martes el informe de la Contraloría General de la República. El documento señala que más de 25 mil funcionarios públicos no respetaron el reposo indicado en sus licencias médicas. Algunos incluso salieron del país durante ese periodo.
Ante esta situación, el Gobierno adoptó una serie de medidas. Se solicitará un informe a cada ministerio y servicio público para revisar los antecedentes. También se iniciarán sumarios y se enviará la información al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Ejecutivo impulsa medidas legales y administrativas
El ministro explicó los pasos concretos que se están tomando. “Se va a instruir para que inicien los sumarios internos y, en tercer lugar, se van a entregar todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que analicen acciones civiles y penales”, afirmó Elizalde.
Advirtió que, si se comprueban irregularidades, se podría avanzar en acciones judiciales. “Si existiera —no estamos anunciando ningún delito— se ejercerán acciones penales. En caso de que sea necesario establecer alguna forma de ejecución, de esos comprometidos, se van a ejercer las acciones civiles”, detalló.
Nueva ley para enfrentar a emisores de licencias médicas fraudulentas
El ministro destacó la reciente promulgación de una ley que regula a los grandes emisores de licencias médicas. Esta norma busca frenar el uso abusivo del sistema por parte de ciertos profesionales. “Esta es una ley que veníamos impulsando hace mucho tiempo, finalmente se aprobó. Esto nos va a permitir enfrentar el caso de los grandes emisores”, sostuvo.
También mencionó que el problema ya ha sido abordado en el sector salud. “De hecho, ya se viene trabajando esto desde antes. En el sector salud se han presentado 300 denuncias, al menos, al Ministerio Público respecto de licencias infundadas, y adicionalmente se han realizado al menos más de 1.200 sumarios para determinar las eventuales responsabilidades correspondientes”, agregó.
Elizalde llamó a reflexionar sobre el impacto de estos abusos. “Aquí, literalmente, ‘no paga Moya’, paga el resto de las chilenas y chilenos honestos”, sentenció.
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AGENCIA UNO
