El ministro de Seguridad, Luis Cordero, expresó su preocupación ante la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, en el contexto de la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental. Aunque aclaró que aún no ha revisado el contenido del libelo, fue enfático en cuestionar el uso de este mecanismo en cargos de confianza exclusiva del Presidente.
“Las causales para acusar constitucionalmente a un delegado presidencial tienen una exigencia jurídica más estricta”, señaló el ministro, recordando que este tipo de procesos deben estar vinculados a infracciones constitucionales o delitos claramente tipificados.
Un punto político con alto costo institucional
El titular de Seguridad advirtió que el mal uso de la acusación constitucional puede erosionar el sistema institucional. “Cuando uno desnaturaliza las instituciones, ya no tienen borde y cualquier hecho político puede terminar en una acusación constitucional”, sostuvo, alertando sobre el riesgo de utilizar esta herramienta con fines netamente políticos.
En esa línea, Cordero enfatizó que remover a una autoridad que responde directamente a la confianza presidencial, como es el caso de los delegados, puede derivar en consecuencias más profundas para el equilibrio del sistema político. “Si se presenta una acusación para remover un cargo de exclusiva confianza, estamos frente a una práctica del parlamentarismo de facto”, advirtió, añadiendo que este tipo de acciones “generan consecuencias indeseadas en un sistema presidencial tan rígido como el chileno”.
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AGENCIA UNO
