Durante la tarde de este martes, el Gobierno presentó oficialmente la primera querella por la Ley Antiterrorista, esto luego del atentado incendiario a la Central Rucalhue, ubicada en Santa Bárbara, Región del Biobío.
La acción fue presentada desde el Ministerio de Seguridad, en donde se querellan “contra todos quienes resulten responsables”, apuntando especialmente al grupo radical Wichán Auka Mapu (WAM).
En el documento, se denuncian una serie de delitos en el atentado que dejó 50 maquinarias destruidas. Entre estos, se encuentran los delitos de incendio, porte ilegal de armas de fuego, porte ilegal de armas prohibidas, disparos injustificados y asociación terrorista.
Respecto a la individualizació de la WAM, la querella sostiene que “los hechos descritos permiten relacionar el atentado denunciado en la presente querella con otros ocurridos en la macrozona y que han sido adjudicados por la orgánica radical WAM”
“Una entidad constituida por más de tres personas, permanente en el tiempo, que cuenta con una organización interna y pretende el control territorial de gran parte de la macrozona. Realizando además exigencias a la autoridad relacionadas con la libertad de quienes denominan presos políticos mapuche”, se añade.
“Cometen 5 sabotajes y atentados incendiarios en contra de particulares y empresas, con el fin de desalentar inversiones y lograr que abandonen dicha zona, compartiendo el mismo modus operandi que desborda en una violencia descontrolada y usos de armas de fuego“, sentencia el documento.
En la querella, además se deja constancia de que se encontraron lienzos alusivos a la causa mapuche, los que además demandaban la libertad Luis Tranamil, sujeto condenado a más de 30 años de cárcel por el crimen del carabinero Eugenio Naín.
Así, el documento afirma que el ataque incendiario a la central Rucalhue “una afrenta a las estructuras del Estado democrático de la República, con la concreta pretensión de desestabilizar”.
“Corresponden al atentado incendiario más grande registrado en esta zona, si se consideran la extensión de destrucción material, el grado de organización y la capacidad logística de sus autores; afectando al Estado democrático y su institucionalidad, así como también a la seguridad de los trabajadores, de las comunidades aledañas y, en general, a la actividad y desarrollo económico de la Región del Biobío”, se añade.
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